En el marco de capacitaciones en
servicio, las/os docentes del Programa Primera Infancia, perteneciente a la
Dirección de Inclusión Educativa (Dir. Sonia Stegmann) dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión escolar y comunidad educativa (Subsec. María Soledad
Acuña) del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, acudimos a la
primera capacitación obligatoria de las jornadas de mejora institucional. Este
encuentro –el primero de dos- a cargo del Gobierno de la Ciudad y bajo el
consentimiento de la coordinación de nuestro programa, fue llevado a cabo por
capacitadoras de la Fundación LECI, quienes nos entregaron un documento
elaborado por su director, el Reverendo Raymond Roy, máster, entre otras, en
“Animación de Comunidades y Familias” y en “Pastoral Carcelaria”.
Esta Fundación sustenta sus
máximas en “el valor central del mensaje evangélico” y para dar curso al primer
encuentro presentó el material “Cambio yo, cambia mi mundo”. Ante el primer
signo de desconcierto que nos trajo el título del taller, adentramos en su
lectura y vimos como subrayan conceptos tales como “alumnos inadaptados”,
exponiendo también, un concepto de familia cuyo modelo es heterosexual como
único y universal, ‘anulando’ una sociedad democrática que reconoce y que lucha
por la diversidad de familias que existen. Habla despectivamente acerca de las
personas que viven en situaciones sociales similares a las de las comunidades
en las que nosotras/os trabajamos denominándolas como ‘barrios populosos’ y
calificaciones prejuiciosas como “inclinación sexual”, así como ejemplos
protagonizados por sacerdotes, aportes de Jesús y evangelización para la
escuela, claves para lograr la conversión del espíritu de las personas, el
“único factor de cambio”, según el mencionado manual.
Consideramos que esta es una
situación alarmante en la educación pública, gratuita y laica.
Que las/os trabajadoras/es de
Primera Infancia fuimos convocadas/os a una capacitación que no respeta la
libertad de culto para nosotras/os, ni para la comunidad que asiste a nuestros
espacios educativos, atenta contra los derechos que garantiza el artículo 14 de
la Constitución Nacional, la cual postula que todos los habitantes de la Nación
gozan de los derechos de trabajar, de entrar, permanecer en el territorio
argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de asociarse
con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
El hecho de presentar la
capacitación como si fuera de “Comunicación” y no evidenciar sus verdaderos
contenidos religiosos deja en claro las concepciones ideológicas de la gestión
macrista:
No responde a un programa de
capacitación amplio, pedagógico, científico donde se respeta la diversidad
cultural, sin emitir juicio sobre la construcción de la idea de familia,
sexualidad e identidad de género.
Intenta de manera arbitraria
reproducir aquellas ideas, religiosas, ideológicas, con tendencia a fomentar la
construcción de un pensamiento único y hegemónico que oprima, a partir del
juzgamiento, la discriminación y la desvalorización de aquello que se considera
diferente.
Sostenemos que el respeto por la
educación pública, gratuita y laica es garantía de la convivencia en la
diversidad. Consideramos la enseñanza de la religión como una decisión personal
que debe mantenerse fuera del espacio de la escuela, dentro del ámbito privado
y no, como lo considera el gobierno, como un aspecto a trabajar con las/os
docentes de la escuela pública en un espacio asignado dentro del horario de
trabajo de las/os docentes, dentro del ámbito educativo, obligatorio y con
suspensión de clases.
Con este tipo de capacitaciones,
el Gobierno no reconoce y no respeta la diversidad de culto, no considera la
diversidad de familias que conviven en nuestra sociedad y estigmatiza a los
sectores sociales más postergados. Es por demás peligroso pues intenta imponer
como “deseable” un tipo de prácticas relacionadas con las concepciones
ideológicas del cristianismo, incluyendo su idea de sociedad y familia. Esta
situación agrava la política educativa que viene llevando adelante este
gobierno, sumado al ataque a las Juntas de Clasificación y Disciplina y en el
marco escandaloso del cierre de cursos que se está realizando.
De esta manera este gobierno
ataca el derecho a la educación pública, gratuita y laica que hoy siguen siendo
posibles gracias a la conquista y el sostenimiento de todas/os las/os
trabajadoras/es de la educación, que se sostuvo desde los inicios con la Ley
1420, anclada en los principios de la Razón y no de la Fe y, en la actualidad,
con la Ley Nacional de Educación que promueve el aprendizaje de saberes
científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la
sociedad contemporánea.
Por eso denunciamos que este
atropello es una manera de impedir el pensamiento crítico y reflexivo que
buscamos y pregonamos en los espacios educativos de lo que formamos parte.
Defendemos el derecho a enseñar y
aprender respetando las particularidades de cada comunidad, ratificamos que
esto es responsabilidad indelegable del Estado, siendo fundamental la
participación de las familias y la sociedad.
La escuela tiene que promover
valores democráticos, brindar igualdad de oportunidades y posibilidades, sin
discriminación alguna; garantizando los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal."
Trabajadores y trabajadoras de
Primera Infancia