La Central de los Trabajadores Argentinos expresó a través de un comunicado de prensa, su preocupación por el impulso de los legisladores oficialistas al proyecto de reformas de la ley antiterrorista, que duplica las penas de los participantes de protestas sociales. La CTA denuncia la criminalización de la protesta social
(Posadas) La Central de Trabajadores Argentinos, el gremio que nuclea a los sindicatos de trabajadores que no están afiliados en la Confederación General de Trabajadores, emitió un comunicado en el que se manifiesta la preocupación por los ribetes represivos que podría tener la modificación de la ley antiterrorista, impulsada por el oficialismo.
El comunicado de la CTA señala que mientras el país se encuentra “en un contexto social donde hay miles de luchadores procesados, donde el reclamo por salario, trabajo precario, libertad y democracia sindical, vivienda y tierra provoca ocupaciones, acampes y cortes de calles y rutas. (Con un) marco político donde la Presidenta demoniza (a las organizaciones sindicales) y las acusa de boicot. Y estamos además en una crisis financiera global cuyos coletazos ya están llegando a nuestro país de la mano de los techos salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares.”
“En este marco el gobierno presenta sigilosamente en el Congreso Nacional un proyecto de modificación de la actual ley antiterrorista por exigencia del G1 y del Grupo de Acción Financiero (GAFI) bajo la promesa de recibir un certificado de ‘país confiable’ para recibir inversiones extranjeras”, continúa el comunicado.
“Por ese motivo, el proyecto duplicaría las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de ‘obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla’. De esta manera, juntar fondos para los mapuches presos acusado de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz, sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima.”, denuncia el texto de la CTA.
Luego de este análisis, la Central de Trabajadores de la Argentina “repudia la intención del mencionado proyecto, deplora la defensa que hacen de ese mamarracho jurídico algunos diputados autodenominados ‘progresistas’ y convoca al movimiento obrero, a las organizaciones sociales y al conjunto del pueblo a resistir democráticamente su aprobación en el Congreso Nacional aunque nos acusen de terroristas.”
El proyecto deberá ser tratado en la cámara de senadores en un futuro próximo. En caso de aprobarse las modificaciones, el Gobierno “nacional y popular” podría continuar sosteniendo que no reprime la protesta social, a partir de el accionar policial directo e inmediato, pero la sobre-penalización de la protesta tornaría innecesaria la represión directa. Además, la norma viola el derecho constitucional de libertad de expresión y de libertad de asociación.